- Las dependencias federales deberán publicar mensualmente la información sobre contrataciones públicas, en lugar de hacerlo cada tres meses.
- El Gobierno transparentará datos de las filiales de Pemex y CFE, incluidos estados financieros, contratos e informes presentados ante autoridades extranjeras.
- La administración federal prepara una reforma para reducir las causas legales que permiten reservar información pública.
Sheinbaum firma decreto para fortalecer la transparencia gubernamental
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para reforzar el principio de máxima publicidad y ampliar el acceso a la información pública, como parte de una reforma que será incorporada a la Ley General de Transparencia durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo es eliminar la discrecionalidad con la que actualmente algunos servidores públicos determinan qué información puede hacerse pública y cuál permanece reservada.
Precisó que, con las nuevas disposiciones, únicamente podrá restringirse la difusión de información cuando exista una causa legal plenamente justificada, como procesos judiciales o administrativos en curso, asuntos de seguridad nacional o la protección de datos personales.
“Ya no lo dejamos a criterio del servidor público; habrá reglas claras sobre lo que debe transparentarse y lo que, por disposición legal, puede mantenerse reservado”, afirmó.
Contratos públicos deberán difundirse cada mes
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó que uno de los principales cambios consiste en que todas las dependencias de la Administración Pública Federal deberán publicar mensualmente la información relacionada con contrataciones públicas.
Hasta ahora, estos datos se difundían de manera trimestral, por lo que el nuevo esquema busca ofrecer información más oportuna y facilitar el seguimiento ciudadano al gasto público.
Filiales de Pemex y CFE deberán transparentar más información
El decreto también amplía las obligaciones de transparencia para las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Entre la información que deberá hacerse pública se encuentran:
- Estados financieros.
- Contratos.
- Informes entregados a autoridades extranjeras.
- Esquemas de gobierno corporativo.
- Políticas de operación.
Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la rendición de cuentas de las empresas productivas del Estado.
Auditorías y fiscalización tendrán mayor apertura
La reforma también contempla nuevas obligaciones para los órganos fiscalizadores, que deberán publicar información adicional sobre sus actividades.
Entre los datos que estarán disponibles destacan:
- Programas de fiscalización.
- Estadísticas de auditorías.
- Estado que guardan las revisiones.
- Seguimiento de observaciones.
- Padrón de despachos de auditores externos.
Buscarán reducir las causas para reservar información
Raquel Buenrostro anunció que el Gobierno federal prepara una iniciativa para modificar la legislación en materia de transparencia con el propósito de reducir los supuestos que permiten clasificar información como reservada.
Actualmente existen 17 causales de reserva; la propuesta pretende concentrarlas únicamente en casos relacionados con el interés público, la seguridad nacional y aquellos previstos expresamente por la ley.
Asimismo, cuando un documento contenga información confidencial, las dependencias deberán elaborar versiones públicas que permitan conocer el resto de su contenido.
Plataforma Nacional de Transparencia será fortalecida
La titular de Anticorrupción informó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y el traslado de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, se trabaja en la modernización de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Indicó que el sistema ya presenta menos fallas técnicas y adelantó que próximamente incorporará nuevas herramientas para facilitar la consulta y descarga de información por parte de la ciudadanía.
Gobierno rechaza que los derechos de las audiencias impliquen censura
En la misma conferencia, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, sostuvo que los lineamientos sobre derechos de las audiencias no otorgan facultades al Estado para censurar contenidos informativos ni intervenir en las líneas editoriales de los medios de comunicación.
Explicó que las obligaciones para los concesionarios se limitan a contar con un código de ética, designar un defensor de las audiencias y establecer mecanismos para recibir y atender quejas del público.
Precisó que las autoridades únicamente podrán intervenir cuando esas obligaciones administrativas no se cumplan y reiteró que cada medio será responsable de definir sus propios criterios editoriales.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum afirmó que su gobierno mantiene un compromiso con la libertad de expresión y aseguró que las conferencias matutinas representan un espacio para ejercer el derecho de réplica frente a la información difundida en medios y redes sociales.
