- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma con 312 votos a favor y 119 en contra, con el respaldo de Morena, PT y PVEM.
- La iniciativa contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA por utilizar elementos oficiales para engañar con la intención de cometer un ilícito.
- PAN, PRI y Movimiento Ciudadano alertaron sobre posibles actos de censura, mientras Morena y el PT defendieron la reforma como una medida contra el fraude y la suplantación de identidad institucional.
Reforma busca sancionar el uso fraudulento de símbolos oficiales
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen conocido como “Ley Antimemes”, que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
La propuesta establece sanciones de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen, reproduzcan o imiten, a escala comercial, logotipos, emblemas, dominios electrónicos o documentos oficiales con el propósito de inducir al error o al engaño para cometer un ilícito.
La reforma provocó un enfrentamiento entre las bancadas. Mientras la oposición advirtió que la redacción podría afectar la sátira política y la libertad de expresión, el oficialismo sostuvo que el objetivo es combatir el fraude y la falsificación de identidad institucional.
Morena sostiene que los memes no serán sancionados
El diputado de Morena Arturo Ávila defendió el dictamen y rechazó que su propósito sea prohibir los memes, las caricaturas o las críticas al gobierno.
El legislador argumentó que la reforma busca proteger a creadores y emprendedores, combatir la piratería y evitar que se utilicen elementos oficiales para suplantar a instituciones públicas.
Como ejemplo, mencionó las páginas falsas que utilizan la identidad del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Ávila insistió en que las sanciones se aplicarían cuando exista la intención de cometer un ilícito.
PAN advierte que la redacción podría abrir la puerta a abusos
El diputado panista Marcelo Torres calificó la iniciativa como una “Ley Bozal” y cuestionó que no se hayan definido con suficiente precisión algunos conceptos relacionados con la identidad gráfica y los documentos oficiales.
Afirmó que la reforma podría utilizarse contra ciudadanos que publiquen caricaturas o contenidos para denunciar presuntos actos de corrupción. También criticó que no se incorporara una protección expresa para el periodismo, la parodia, la sátira y la crítica política.
Por su parte, el panista Israel Damián Retes sostuvo que la posibilidad de enfrentar denuncias o investigaciones podría generar temor entre ciudadanos y creadores de contenido, incluso sin que exista una condena.
PRI y Movimiento Ciudadano piden garantías para la crítica política
El diputado priista Emilio Suárez Licona advirtió que la redacción del artículo 403 Bis podría propiciar censura y autocensura entre periodistas, caricaturistas, comediantes y creadores digitales.
En tanto, la legisladora de Movimiento Ciudadano Iraís Reyes defendió el derecho de la ciudadanía a cuestionar y burlarse de sus representantes. Durante su intervención, mostró un meme de la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que los funcionarios públicos deben aceptar las críticas y el humor político.
Reyes afirmó que, en una democracia, la respuesta a las burlas no debe ser limitar la creatividad de la población, sino evitar conductas que den motivos para el cuestionamiento público.
Dictamen también aumenta penas por delitos contra derechos de autor
Además de las disposiciones sobre identidad institucional, la iniciativa plantea modificaciones al Código Penal Federal en materia de derechos de autor, derechos conexos y uso de obras protegidas.
Entre los cambios se encuentra el aumento de penas de prisión y multas para determinadas conductas relacionadas con la comercialización no autorizada de obras protegidas por la ley.
El dictamen también modifica la redacción de algunos supuestos del artículo 424, incluidos los relacionados con la venta de libros de texto y el uso comercial de obras sin la autorización correspondiente.
Diputados continúan con el análisis de la iniciativa
Después de su aprobación en lo general, el pleno pasó a la discusión en lo particular, en la que los legisladores pueden presentar reservas y proponer cambios al texto.
La controversia se mantiene entre las bancadas: Morena y sus aliados sostienen que la reforma busca combatir el fraude y la suplantación institucional, mientras la oposición exige garantías explícitas para proteger el periodismo, la sátira y la libertad de expresión.
