- El CIADI desestimó casi la totalidad de la demanda presentada por Vulcan Materials Company, que reclamaba hasta mil 700 millones de dólares al Estado mexicano.
- El tribunal únicamente reconoció una compensación menor, equivalente a menos del uno por ciento del monto reclamado, por una clausura realizada en 2018.
- El Gobierno de México analiza impugnar parte del laudo, mientras mantiene el diálogo con la empresa y sostiene las medidas de protección ambiental en Quintana Roo.
México obtiene un fallo favorable en el arbitraje internacional
El Gobierno de México obtuvo un resultado ampliamente favorable en el arbitraje internacional promovido por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, luego de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazara la mayor parte de las reclamaciones económicas presentadas por la empresa.
La controversia surgió bajo el mecanismo de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), después de que la compañía impugnó diversas decisiones adoptadas por autoridades mexicanas entre 2018 y 2022 que afectaron las operaciones de Calizas Industriales del Carmen (CALICA), dedicada a la extracción de piedra caliza en Quintana Roo.
Tribunal reduce de forma significativa la indemnización solicitada
Vulcan Materials reclamaba una indemnización cercana a mil 700 millones de dólares, al argumentar que las acciones del Gobierno mexicano vulneraron las garantías de protección a la inversión previstas en el TLCAN.
Sin embargo, el tribunal arbitral desestimó prácticamente todas las reclamaciones y únicamente reconoció una compensación relacionada con la clausura de dos predios de CALICA ocurrida en enero de 2018, durante la última etapa del gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, la indemnización representa menos del uno por ciento del monto originalmente reclamado, equivalente a aproximadamente 15 millones de dólares.
Se mantienen las acciones ambientales emprendidas durante el sexenio de López Obrador
El fallo dejó intactas las medidas implementadas por el Gobierno federal durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas la clausura total de las operaciones de CALICA en mayo de 2022 por presuntos daños ambientales.
Las autoridades mexicanas argumentaron que la empresa rebasó las áreas autorizadas para la extracción de piedra caliza y provocó afectaciones al acuífero y al ecosistema de la región.
Posteriormente, en septiembre de 2024, los terrenos donde operaba la minera fueron declarados Área Natural Protegida, lo que impide reanudar las actividades extractivas.
Gobierno analiza impugnar parte del laudo arbitral
La Secretaría de Economía informó que revisa el contenido completo de la resolución para determinar las acciones legales que correspondan, incluida la posibilidad de promover un procedimiento de nulidad respecto de los aspectos en los que el tribunal encontró incumplimientos técnicos.
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno dará a conocer más detalles del caso una vez que concluyan los plazos de confidencialidad establecidos en el procedimiento arbitral.
Asimismo, aclaró que la resolución del CIADI no modifica el diálogo que mantiene la administración federal con la empresa.
Sheinbaum destaca protección ambiental y diálogo con la empresa
La presidenta afirmó que la resolución representa un resultado positivo para México, ya que evita el pago de una indemnización multimillonaria y fortalece la defensa de las decisiones adoptadas para proteger el medio ambiente.
Añadió que la empresa sigue siendo propietaria de los terrenos, aunque estos permanecen sujetos al decreto de Área Natural Protegida, por lo que no puede reactivar la explotación minera.
También indicó que CALICA deberá cumplir con las medidas de remediación ambiental correspondientes y atender los daños ocasionados por sus operaciones.
Un caso que marca precedente entre inversión y protección ambiental
El litigio entre México y Vulcan Materials se convirtió en uno de los arbitrajes internacionales más relevantes para el país por el monto reclamado y por el equilibrio entre la protección de las inversiones extranjeras y la defensa del medio ambiente.
Para el Gobierno mexicano, la resolución confirma que las acciones orientadas a preservar los recursos naturales pueden sostenerse dentro del marco jurídico internacional cuando se fundamentan en la legislación vigente.
