- El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició procesos legales para revocar la ciudadanía de 17 personas naturalizadas por presunto fraude migratorio y otros delitos graves.
- Entre los señalados se encuentran dos ciudadanos de origen mexicano: María Lourdes Montoya y Armando Mendoza.
- De prosperar las demandas, los involucrados perderían su ciudadanía estadounidense y podrían enfrentar procedimientos de deportación.
Estados Unidos endurece revisión de procesos de naturalización
La administración del presidente Donald Trump anunció el inicio de acciones judiciales para retirar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas que, presuntamente, obtuvieron ese beneficio mediante fraude o proporcionando información falsa durante sus trámites migratorios.
El Departamento de Justicia informó que las demandas fueron presentadas ante tribunales federales y forman parte de una estrategia para combatir irregularidades en los procesos de naturalización.
Las autoridades sostienen que los casos involucran delitos considerados graves, entre ellos abuso sexual infantil, narcotráfico, fraude financiero, lavado de dinero y falsificación de información migratoria.
Dos mexicanos figuran entre los casos investigados
Entre las personas señaladas aparecen los mexicanos María Lourdes Montoya, de 63 años, y Armando Mendoza, de 39.
De acuerdo con la acusación federal, Montoya habría obtenido la residencia permanente y posteriormente la ciudadanía utilizando información falsa relacionada con la identidad de su esposo.
Las autoridades sostienen que la mujer declaró estar casada con un ciudadano estadounidense identificado como Gilberto Montoya, cuando en realidad mantenía una relación con Ernesto Orozco-Viramontes, ciudadano mexicano que presuntamente utilizó de manera fraudulenta la identidad de la persona fallecida.
En el caso de Mendoza, el Departamento de Justicia afirma que ocultó antecedentes relacionados con la recepción de imágenes de abuso sexual infantil al momento de presentar su solicitud de naturalización en 2011. Posteriormente, en 2013, se declaró culpable de dicho delito ante las autoridades estadounidenses.
La ciudadanía podría ser anulada por decisión judicial
Las demandas fueron promovidas bajo las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite cancelar la ciudadanía cuando se demuestra que fue obtenida mediante engaños, ocultamiento de información relevante o declaraciones falsas.
El proceso de desnaturalización se desarrolla en tribunales federales y requiere que el gobierno presente pruebas suficientes para demostrar que la ciudadanía fue otorgada de manera indebida.
Si los jueces fallan a favor del gobierno estadounidense, los implicados perderán todos los derechos asociados a la ciudadanía, incluida la protección contra la deportación.
Administración Trump defiende política de “tolerancia cero”
El fiscal general interino, Todd Blanche, aseguró que la ciudadanía estadounidense representa un privilegio que debe obtenerse de forma legal y transparente.
Según el funcionario, el gobierno mantendrá una política de “tolerancia cero” frente a quienes hayan mentido u ocultado información durante sus procesos migratorios.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que las autoridades utilizarán todas las herramientas legales disponibles para retirar beneficios migratorios a quienes hayan violado las leyes estadounidenses.
Aumentan los casos de desnaturalización en Estados Unidos
La ofensiva forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
De acuerdo con datos oficiales, el número de procedimientos de desnaturalización abiertos por el gobierno federal ha aumentado respecto a años anteriores, convirtiéndose en una de las principales estrategias para revisar casos de presunto fraude migratorio y delitos cometidos por ciudadanos naturalizados.
Las autoridades subrayaron que las acusaciones deberán ser analizadas por los tribunales y que los señalados mantienen sus derechos legales mientras los procesos judiciales continúan.
