- Brenda Quevedo continuará su proceso en libertad: el juez retiró la prisión domiciliaria y el brazalete electrónico, pero mantuvo otras medidas cautelares.
- El caso Wallace sigue abierto: Quevedo continúa sujeta a proceso por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda y aún no existe una sentencia definitiva.
- La defensa ha denunciado violaciones a derechos humanos: organismos como la ONU y la CNDH han emitido pronunciamientos relacionados con presuntas vulneraciones a sus derechos durante el proceso.
Un juez federal determinó retirar la prisión domiciliaria y el brazalete electrónico que mantenía Brenda Quevedo Cruz, acusada por su presunta participación en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Después de una audiencia de aproximadamente 12 horas, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México consideró que las circunstancias que habían justificado las restricciones impuestas en 2024 habían cambiado.
La resolución permite que Quevedo continúe su proceso penal en libertad. Sin embargo, el caso no ha concluido y la acusada todavía no recibe una sentencia definitiva por los hechos que se le atribuyen.
Estas son las medidas que deberá mantener
Con el retiro del resguardo domiciliario, Quevedo podrá desplazarse sin utilizar el brazalete electrónico que portaba desde 2024.
No obstante, la resolución mantiene algunas medidas cautelares. Entre ellas están la obligación de presentarse periódicamente ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prohibición de acercarse a la parte acusadora y la restricción para salir del país sin autorización judicial.
También se retirará la vigilancia permanente que elementos de la Guardia Nacional mantenían en su domicilio.
La defensa señaló que las nuevas condiciones son suficientes para garantizar que Quevedo continúe compareciendo ante las autoridades mientras se desarrolla el proceso.
La defensa acreditó un cambio en las condiciones
Durante la audiencia, los abogados de Quevedo presentaron decenas de datos de prueba para demostrar que las circunstancias existentes cuando se impuso el resguardo domiciliario habían cambiado.
Entre sus argumentos destacaron que Quevedo cumplió con las medidas cautelares durante los últimos dos años, mantuvo un comportamiento adecuado y regresó a su domicilio después de las salidas autorizadas por motivos médicos.
La defensa también sostuvo que actualmente no existen elementos suficientes para considerar que existe un riesgo de fuga que justifique mantener las restricciones más severas.
Otro de los argumentos planteados estuvo relacionado con las condiciones familiares y de salud de Quevedo, así como con la necesidad de permitirle continuar su vida cotidiana mientras permanece sujeta al proceso penal.
La prisión preventiva se prolongó durante años
Brenda Quevedo fue detenida el 28 de noviembre de 2007 en Kentucky, Estados Unidos, y posteriormente extraditada a México en septiembre de 2009.
Desde entonces permaneció privada de la libertad durante más de 17 años bajo prisión preventiva, sin recibir una sentencia definitiva.
En junio de 2024 obtuvo un primer cambio de medida cautelar que le permitió continuar el proceso desde su domicilio. En ese momento debía permanecer bajo vigilancia y utilizar un dispositivo electrónico de localización.
Ahora, el juez determinó que esas condiciones ya no resultan necesarias y autorizó que enfrente el proceso en libertad.
El caso Wallace continúa sin sentencia
La decisión sobre las medidas cautelares no determina la responsabilidad penal de Quevedo ni representa una absolución.
El proceso por el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda continúa abierto después de casi dos décadas.
El caso se inició a partir de las acusaciones formuladas contra Quevedo y otras personas por su presunta participación en los hechos. La familia Wallace ha sostenido la acusación, mientras que la defensa de Quevedo ha denunciado diversas irregularidades durante la investigación y el proceso penal.
Organismos han señalado violaciones a derechos humanos
La defensa de Quevedo también ha llevado el caso ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
En 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria determinó que la privación de la libertad de Quevedo había sido arbitraria y señaló vulneraciones a sus derechos.
En 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que documentó violaciones al debido proceso y otros derechos de Quevedo, además de señalar actos de tortura física y sexual.
Un año después, en 2024, la Defensoría Pública Federal consiguió el cambio de la prisión preventiva por el resguardo domiciliario.
En 2025, la CNDH emitió otra recomendación relacionada con presuntas violaciones a los derechos humanos de familiares de Quevedo.
La defensa también ha promovido recursos legales en México y el caso se encuentra bajo análisis de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La acusación y la defensa mantienen posiciones opuestas
Durante la audiencia, representantes de la Fiscalía General de la República y asesores jurídicos de la familia Wallace se opusieron al retiro de las medidas restrictivas.
Argumentaron que todavía podría existir un riesgo para integrantes de la familia y cuestionaron que el riesgo de fuga hubiera desaparecido.
Recordaron además que Quevedo fue detenida en Estados Unidos después de que se girara una orden de aprehensión en su contra.
La defensa, en cambio, sostuvo que el comportamiento de Quevedo durante los últimos años demuestra que puede continuar el proceso sin permanecer bajo prisión domiciliaria.
Finalmente, el juez determinó que las condiciones habían variado y que existen medidas menos restrictivas capaces de garantizar su comparecencia ante las autoridades.
