- La Fiscalía del Estado de México investiga una red que habría creado 459 plazas docentes falsas para desviar al menos 96 millones de pesos del erario.
- El esquema operó desde 2021 mediante el registro de falsos docentes, el control de tarjetas bancarias y la asignación de plazas en escuelas inactivas.
- Hasta ahora, 28 personas han sido vinculadas a proceso por fraude y abuso de autoridad, mientras continúan las investigaciones para identificar a más involucrados.
Una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) destapó una presunta red de corrupción integrada por exfuncionarios, servidores públicos en activo y particulares que, durante al menos cinco años, habría utilizado plazas docentes irregulares para desviar recursos públicos mediante un esquema de “aviadores”.
Hasta el momento, 28 personas ya fueron vinculadas a proceso, mientras continúan las investigaciones contra otros implicados por los presuntos delitos de fraude y abuso de autoridad.
La red operó desde 2021 y causó un millonario daño al erario
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, la organización comenzó a operar desde 2021 y, tan solo entre enero de 2025 y febrero de 2026, habría provocado un daño patrimonial estimado en 96 millones de pesos, equivalente a cerca de cuatro millones de pesos por quincena, sin considerar prestaciones como aguinaldos, primas vacacionales y bonos.
Las investigaciones señalan que fueron creadas 459 plazas docentes irregulares, cuyos titulares nunca desempeñaron funciones en escuelas públicas.
Además, varios de los presuntos responsables también se asignaron plazas con salarios cercanos a 50 mil pesos mensuales, las cuales conservaban mediante licencias para utilizarlas como respaldo laboral o con fines de jubilación.
Así funcionaba el esquema de las plazas falsas
Las indagatorias iniciaron tras denuncias presentadas por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), que detectó cientos de altas de personal docente sin evidencia de que los beneficiarios trabajaran en los planteles asignados.
La Fiscalía sostiene que funcionarios de la Oficialía Mayor, la SECTI y otras dependencias aprovecharon el acceso a los sistemas administrativos y de nómina para registrar plazas con expedientes incompletos o irregulares.
Posteriormente, la organización reclutaba principalmente a familiares, amigos o personas de confianza para prestar sus datos personales y aparecer como docentes.
Una vez autorizadas las plazas, las tarjetas bancarias donde se depositaban los salarios quedaban bajo control de integrantes de la red, quienes retiraban el dinero y lo distribuían entre los operadores del esquema.
En algunos casos, los supuestos docentes recibían únicamente 6 mil pesos, mientras el resto del salario era repartido entre los responsables de la operación.
Las investigaciones también indican que algunos capturistas realizaron más de 70 altas irregulares y recibían pagos de cinco mil pesos por cada movimiento.
Plazas asignadas a escuelas inexistentes o inactivas
Para evitar ser detectados, las altas de personal eran registradas durante la madrugada utilizando diferentes cuentas de acceso.
Las plazas eran asignadas a escuelas con claves inactivas o sin operación en municipios como Toluca, Metepec, Zinacantepec, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Amecameca, Luvianos, Tejupilco, Zumpango y Almoloya de Alquisiras, entre otros.
Incluso, tras el inicio de las auditorías, algunos reclutadores instruyeron mediante mensajes a los falsos docentes para cancelar sus cuentas bancarias y negar cualquier relación laboral con el gobierno en caso de ser requeridos por las autoridades.
Detectan enriquecimiento y viajes de lujo
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía documentó que varios de los implicados mantenían un nivel de vida que no correspondía con sus ingresos como servidores públicos.
Entre las evidencias se encuentran viajes a París, Dubái, Las Vegas, China, Egipto y diversos destinos del Caribe, además de la adquisición de vehículos de lujo, accesorios de alta gama e inmuebles de elevado valor.
Hay exfuncionarios y servidores públicos entre los detenidos
Entre los investigados figuran exsubsecretarios, exdirectores generales, delegados administrativos, coordinadores, subdirectores, capturistas y personal adscrito a la Oficialía Mayor, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad y otras dependencias estatales.
Hasta ahora, 28 personas fueron vinculadas a proceso y permanecen sujetas a prisión preventiva, mientras que otros implicados promovieron amparos para evitar su captura.
La carpeta de investigación consta de 30 tomos y alrededor de 12 mil fojas, y la Fiscalía no descarta ampliar las indagatorias para determinar si existen más responsables o si el daño económico supera los 96 millones de pesos estimados.
