- La Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, mientras enfrenta un proceso penal.
- La defensa acusa a la Fiscalía General de la República de obstaculizar el acceso a documentos y afectar el derecho a una defensa adecuada.
- La FGR investiga a Ruffo por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos; la resolución sobre su situación jurídica sigue pendiente.
UIF congela cuentas bancarias de Ernesto Ruffo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
La medida fue confirmada por Verónica Ruffo, hija del exmandatario, quien informó que su padre fue incorporado a la lista de personas bloqueadas por la dependencia adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El bloqueo de cuentas ocurre mientras una jueza de control analiza si el exgobernador será vinculado a proceso por los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).
La familia denuncia obstáculos para la defensa
Verónica Ruffo aseguró que la defensa ha enfrentado dificultades para acceder a documentación relacionada con el caso.
De acuerdo con su versión, personal de la Fiscalía impidió el ingreso a una bodega donde se encontraban documentos resguardados por el exgobernador, situación que calificó como una obstrucción al derecho de defensa.
Asimismo, informó que acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para denunciar lo que considera una persecución política contra su padre y solicitar apoyo ante las autoridades estadounidenses.
Continúa la audiencia para definir la situación jurídica
Ernesto Ruffo permanece sujeto a una audiencia en la que se determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.
La diligencia se desarrolla de manera privada mediante videoconferencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano y se ha prolongado durante varios días debido a la complejidad del expediente.
La FGR sostiene que el exgobernador formó parte de una presunta red dedicada al tráfico ilegal de combustibles mediante operaciones realizadas a través de empresas privadas.
Coimputados permanecen en prisión preventiva
En el mismo caso también están procesados José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén, señalados por la Fiscalía como presuntos integrantes de la red investigada.
Ambos promovieron amparos para combatir la prisión preventiva que les fue impuesta; sin embargo, una jueza federal rechazó suspender la medida cautelar, por lo que continuarán privados de la libertad mientras avanza el proceso.
La resolución definitiva sobre la suspensión será analizada en los próximos días.
Morena afirma que se investiga una red de contrabando
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, aseguró que el caso no debe interpretarse como un asunto político, sino como una investigación relacionada con una presunta estructura de contrabando de combustibles.
El legislador señaló que las indagatorias abarcan posibles delitos como falsificación de documentos, evasión fiscal, fraude y operaciones vinculadas con la importación irregular de hidrocarburos.
También indicó que las investigaciones deberán extenderse a todas las personas físicas y morales que, en su caso, hayan participado en las operaciones bajo investigación.
Investigan presuntas operaciones financieras
Fuentes federales señalaron que el bloqueo de las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo responde a la detección de presuntas operaciones financieras inusuales.
Según la carpeta de investigación, la FGR analiza movimientos realizados en cuentas de inversión y transferencias bancarias que estarían relacionadas con la empresa Ingemar, identificada por la Fiscalía como una de las compañías presuntamente utilizadas para el contrabando de combustibles.
Las autoridades continúan integrando pruebas financieras y patrimoniales mientras la autoridad judicial determina la situación legal del exgobernador.
