- José Martínez Crespo permanece preso desde noviembre de 2020 y fue el primer militar detenido por el caso Ayotzinapa.
- El tribunal consideró que la desaparición forzada es un delito permanente, por lo que descartó que aplicar la legislación federal implique retroactividad.
- La Ley General contempla penas de hasta 70 años de prisión por desaparición forzada, aunque el tribunal señaló que el cambio de legislación también eliminó dos agravantes que originalmente se contemplaban.
Un tribunal federal negó el amparo solicitado por el capitán de infantería José Martínez Crespo, quien permanece preso desde noviembre de 2020 por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Martínez Crespo, quien formó parte de la estructura de mando del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, fue el primer militar detenido por este caso. Actualmente enfrenta un proceso por el delito de desaparición forzada de personas.
La defensa del capitán buscaba dejar sin efecto la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, al considerar que utilizar una legislación posterior a los hechos de septiembre de 2014 vulneraba el principio constitucional de no retroactividad.
Tribunal considera que la desaparición forzada es un delito permanente
El Primer Tribunal Colegiado de Apelación rechazó los argumentos de la defensa y determinó que no existe una aplicación retroactiva de la ley.
Los magistrados señalaron que la desaparición forzada tiene carácter permanente o continuo, debido a que el delito continúa consumándose mientras no se conozca el paradero o destino de las personas desaparecidas.
En el caso de los 43 normalistas, los hechos comenzaron el 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron privados de su libertad en Iguala. Sin embargo, para efectos jurídicos, la conducta continuó mientras permaneció desconocido su destino.
El tribunal destacó que, incluso cuando la averiguación previa fue consignada el 18 de agosto de 2020, todavía no se conocía con certeza el paradero de los estudiantes.
Causa penal fue trasladada a la legislación federal
Martínez Crespo inicialmente fue procesado conforme a la legislación de Guerrero, que contemplaba penas de entre 30 y 50 años de prisión para el delito de desaparición forzada bajo determinadas agravantes.
Sin embargo, en julio de 2024, la jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México determinó que la causa debía analizarse conforme a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Esta legislación, vigente desde enero de 2018, contempla penas de entre 40 y 70 años de prisión para el delito de desaparición forzada.
La defensa argumentó que aplicar esta norma a hechos ocurridos en 2014 implicaba utilizar una legislación posterior y, por tanto, violaba el principio de irretroactividad establecido en la Constitución.
Tribunal descarta una afectación al militar
Los magistrados determinaron que el cambio de marco jurídico no representa una violación al principio de legalidad, debido a que la conducta atribuida al capitán ya estaba tipificada como delito cuando ocurrieron los hechos.
El tribunal explicó que la nueva legislación no creó un delito para sancionar hechos que anteriormente fueran legales, sino que reguló una conducta cuya consumación continuó después de la entrada en vigor de la legislación federal.
Además, la resolución señala que el traslado normativo incluso eliminó dos agravantes contempladas inicialmente, lo que resulta favorable para la situación jurídica del acusado.
Por estas razones, el órgano jurisdiccional concluyó que no se agravó indebidamente la situación de Martínez Crespo ni se vulneró su derecho a la aplicación de una ley penal vigente conforme a los principios constitucionales.
Caso Ayotzinapa se acerca a 12 años sin esclarecerse plenamente
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
A casi 12 años de los hechos, el paradero de los estudiantes continúa sin esclarecerse plenamente y el caso mantiene abiertas distintas investigaciones judiciales.
La resolución contra Martínez Crespo mantiene vigente el traslado de su causa penal al marco de la legislación federal mientras continúa el proceso relacionado con la desaparición de los normalistas.
