Recomendación de la CNDH por fallas en la investigación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó graves omisiones en la investigación del Rancho Izaguirre, ubicado en **Teuchitlán, en el estado de Jalisco, lo que derivó en violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia.
A través de la Recomendación 11/2026, el organismo concluyó que la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no realizaron correctamente el procesamiento técnico de las evidencias encontradas en el predio.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran fallas en la identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado de los indicios, además de una deficiente preservación del sitio donde se localizaron objetos y restos humanos.
Como parte de la recomendación, la CNDH solicitó a ambas instituciones realizar, en un plazo máximo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones documentadas.
Fallas en la cadena de custodia y manejo de evidencias
Las investigaciones del organismo nacional revelaron múltiples irregularidades en el manejo de la escena del crimen.
Entre los hallazgos más relevantes se identificó que:
- No se aseguró correctamente la cadena de custodia de objetos y restos encontrados.
- Diversos indicios no fueron clasificados ni registrados en dictámenes periciales.
- Tres vehículos asegurados en el sitio fueron sustraídos meses después, lo que evidenció fallas en la vigilancia del predio.
Además, la CNDH señaló que muestras biológicas recolectadas en septiembre de 2024 fueron comparadas con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas hasta marzo de 2025, lo que representó un retraso injustificado en las investigaciones.
Alteración del lugar durante las diligencias
Otro punto crítico señalado por la CNDH ocurrió el 20 de marzo de 2025, cuando se permitió el ingreso de un número considerable de personas al inmueble, aun cuando la zona seguía bajo investigación.
Aunque la visita se planteó como un acceso controlado, el organismo concluyó que se perdió el control del área, lo que provocó alteraciones en el lugar y en posibles indicios relevantes para la investigación.
La comisión consideró que esta situación evidenció deficiencias graves en la preservación del sitio y en la conducción de las diligencias ministeriales, responsabilidad directa de la Fiscalía estatal.
Hallazgos previos y primeras investigaciones
Las indagatorias de la CNDH se remontan a septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional puso a disposición de las autoridades a diez personas detenidas en el rancho, además de armas, vehículos y diversos indicios criminalísticos.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2024, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron una inspección en el predio donde localizaron un lote óseo y distintos objetos, aunque varios de estos no fueron debidamente documentados ni resguardados.
Pese a que el caso pasó posteriormente a manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la recomendación de la CNDH se dirige únicamente a las autoridades estatales responsables del procesamiento inicial del lugar.
A un año del hallazgo, colectivos denuncian abandono del caso
Mientras continúan las investigaciones, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco realizó excavaciones en las inmediaciones del rancho para conmemorar el primer aniversario del hallazgo del sitio.
En marzo de 2025, integrantes del colectivo localizaron más de mil 300 objetos personales, entre zapatos, mochilas y prendas de vestir que podrían pertenecer a personas desaparecidas.
Sin embargo, de acuerdo con los activistas, pocas familias han logrado identificar pertenencias de sus seres queridos, lo que refleja los limitados avances en el esclarecimiento del caso.
Denuncias sobre reclutamiento forzado y posibles centros de exterminio
Integrantes del colectivo sostienen que el Rancho Izaguirre no solo funcionó como campo de entrenamiento para reclutamiento forzado, sino también como un sitio donde presuntamente se cometían asesinatos y se destruían cuerpos.
Según los testimonios recopilados por los buscadores, algunos restos humanos habrían sido incinerados o disueltos con sustancias químicas, aunque estas versiones continúan bajo investigación.
Los activistas también advierten que el problema podría extenderse a otros predios de la región, donde presuntamente operarían centros similares vinculados con redes delictivas.
Investigaciones y personas procesadas
Hasta el momento, las autoridades han reportado:
- 10 personas sentenciadas por desaparición agravada y homicidio.
- Tres policías detenidos por presunta participación en los hechos.
- Investigaciones contra el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión, por presuntos vínculos con el crimen organizado.
- La captura de presuntos operadores de reclutamiento identificados como José Gregorio y Alma Rosa.
Pese a estas acciones, colectivos de búsqueda sostienen que el caso aún no ha esclarecido el destino de numerosas víctimas ni ha frenado la desaparición de jóvenes vinculada al reclutamiento criminal.
Crisis de desapariciones y exigencia de justicia
A un año del descubrimiento del Rancho Izaguirre, el caso se mantiene como uno de los ejemplos más visibles de la crisis de desapariciones en Jalisco.
Las familias buscadoras advierten que el predio, ahora prácticamente abandonado por las autoridades, se ha convertido en un símbolo del dolor, la impunidad y las fallas institucionales frente a la desaparición de personas en México.
